De la cautela a política de Estado: cómo los países redefinieron su vínculo con Bitcoin en 2025

Uno de los puntos destacados durante el 2025 fue el cambio, en algunos casos radical, en otros moderado, que se produjo en la relación entre los Estados y las criptomonedas. Lo que durante años fue un fenómeno observado con distancia pasó a ocupar un lugar central dentro de la política pública de varios países, con Estados Unidos como el principal impulsor dentro de las grandes potencias globales.

En este nuevo contexto, bitcoin dejó de ser un activo especulativo para convertirse en una pieza más del engranaje estatal. A continuación, repasamos algunos de los eventos más importantes del año.

Estados Unidos confirmó la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin. Desde que asumió su segundo mandato como presidente, Donald Trump desplegó una batería de medidas tendientes a impulsar la industria cripto y la innovación. Entre ellas, la más destacada fue la creación de la Reserva a través de una orden ejecutiva. Las agencias federales detuvieron las ventas automáticas de BTC incautado y lo convirtieron en un activo de tesorería a largo plazo. Esta decisión posicionó a la criptomoneda principal dentro de la planificación federal de balances.

Además, ordenó a los distintos organismos reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), a establecer nuevas y claras reglas para favorecer el crecimiento del sector.

En los Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi implementaron regulaciones amplias a través de sus autoridades VARA y ADGM. Grandes exchanges y custodios expandieron operaciones gracias a esta claridad normativa, que atrajo inversiones estables y se convirtió en modelo para otras naciones.

Si bien El Salvador eliminó la obligatoriedad de bitcoin como moneda de curso legal, tras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantuvo sus reservas e incluso las incrementó. En noviembre pasado, adquirió más de 1000 BTC por unos 100 millones de dólares durante una caída del mercado, lo que elevó sus tenencias a cerca de 7500 BTC. El enfoque pasó de lo ideológico a la disciplina presupuestaria.

Por su parte, Pakistán destinó 2000 megavatios de energía sobrante a la minería de bitcoin y centros de datos de IA. Inició conversaciones con Binance para una inversión potencial de 2000 millones de dólares, y presentó la minería como método para transformar electricidad no utilizada en producción industrial.

El Banco Nacional de Chequia inició una prueba de compra de bitcoin y reveló en julio una participación de 18 millones de dólares en acciones de Coinbase, su primer paso público hacia activos ligados a cripto.

Brasil, por su lado, estableció licencias para empresas cripto y sometió los flujos de stablecoins a supervisión cambiaria, tras aprobar un ETF spot de XRP. El gigante sudamericano vivió un crecimiento del sector cripto en el 2025, y su banco más importante sugirió a sus clientes incorporar BTC a sus carteras de inversión.

En conjunto, las decisiones de 2025 mostraron menos entusiasmo y más determinación. Algunos países optaron por regular con mayor rigor, otros asignaron capital y varios incorporaron a las criptomonedas en planes más amplios de energía y finanzas. El cambio central no fue de creencias, sino de aceptación: los activos digitales dejaron de ser un experimento transitorio para convertirse en parte de la política de Estado.

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