Aug 7, 2025 6:16 PM
Durante casi una década, el gobierno de Estados Unidos vendió más de 195.000 bitcoins confiscados, sin prever el extraordinario crecimiento de su valor.
Entre 2014 y 2023, las autoridades norteamericanas liquidaron estos activos digitales por apenas 366 millones de dólares.
Hoy, esos mismos bitcoins valdrían más de 22.200 millones. La diferencia —más de 21.000 millones de dólares en ganancias no realizadas— expone una estrategia fallida que incluso fue duramente criticada por el propio Donald Trump durante la conferencia cripto de Nashville en 2024: “Por demasiado tiempo, nuestro gobierno violó la regla cardinal que todo bitcoiner conoce de memoria: nunca vendas tu Bitcoin”.
La política de subastas comenzó en 2014, cuando el gobierno vendió 29.657 BTC incautados del mercado ilegal Silk Road al inversor Tim Draper por unos 19 millones de dólares. A precios actuales, esa cifra equivale a más de 3.000 millones. A lo largo de 2014 y 2015, se liquidaron otros 144.000 BTC a precios entre 270 y 380 dólares por unidad, generando apenas 47 millones de dólares. Hoy, valdrían más de 16.600 millones.
Las ventas continuaron en montos menores, aunque con retornos más altos por la apreciación del activo. En 2016, se vendieron 2.719 BTC por 1,6 millones; en 2018, 3.813 BTC por 42 millones; y en 2023, el gobierno liquidó 9.861 BTC —también de Silk Road— por 215 millones. Esta última venta es particularmente llamativa: se estima que el país perdió cerca de 900 millones si se considera el valor actual del bitcoin.
Hoy, Estados Unidos sigue siendo el país que más bitcoins ha vendido, muy por encima de Alemania (54.000 BTC en 2024) o Finlandia (1.900 BTC en 2021). Mientras tanto, se estima que las reservas actuales del gobierno norteamericano rondan los 29.000 BTC según datos oficiales del Servicio de Alguaciles de EE.UU., aunque plataformas como Arkham Intelligence sugieren que el total retenido podría superar los 198.000 BTC. La diferencia radica en una cuestión legal clave: no todos los bitcoins incautados son propiedad del gobierno.
Muchos de estos activos están simplemente bajo custodia, a la espera de resoluciones judiciales. Tal es el caso de los 94.000 BTC confiscados al hacker de Bitfinex, Ilya Lichtenstein, o los 667 BTC relacionados al fraude de HashFlare. Según el Departamento de Justicia, estos fondos podrían ser devueltos a las víctimas, por lo que aún no pueden considerarse parte de las reservas del Estado.
Este escenario ha desatado un debate sobre la necesidad de mayor transparencia institucional y mejor educación pública sobre el manejo legal de los activos digitales. “Los bitcoins incautados no son aún propiedad del gobierno. Muchos quizás nunca lo sean”, advirtió Eugeniy Kitkin, directivo de EMCD. Por su parte, Shawn Young, analista de MEXC Research, destacó que la falta de claridad sobre la tenencia institucional de criptoactivos puede obstaculizar su adopción estratégica: “La transparencia es clave, tanto en el sector público como privado, para el futuro del Bitcoin”.
Hoy, cuando el precio del BTC ronda los 114.000 dólares, las decisiones pasadas del gobierno de EE.UU. no solo parecen poco acertadas desde el punto de vista financiero, sino también como política tecnológica y estratégica. Una advertencia para otros países que aún no han definido qué lugar le darán al Bitcoin en sus economías.
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