¿Estados Unidos vendió bitcoins? Qué hay detrás del rumor de liquidación de BTC decomisados por el gobierno

El rastro de una transacción on chain fue suficiente para encender una alarma en el ecosistema cripto. Un reporte puso bajo la lupa al Departamento de Justicia de Estados Unidos por una presunta venta de bitcoin decomisados, una decisión que, de confirmarse, chocaría de frente con la política oficial de la Casa Blanca sobre la creación de una Reserva Estratégica nacional en BTC.

La información gira en torno a un paquete de aproximadamente 57,5 BTC, valuado en torno a USD 6,3 millones al momento de los movimientos detectados. Esos fondos provienen del caso judicial contra Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores de Samourai Wallet, quienes en 2025 se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Como parte del acuerdo con la justicia, los desarrolladores transfirieron los bitcoin al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en noviembre pasado.

Hasta ahí, el proceso no se aparta de otros decomisos vinculados a causas penales. El punto de quiebre aparece cuando documentos incluidos en el expediente, bajo la denominación de “Acuerdo de Liquidación de Activos”, sugieren que esos BTC no habrían sido retenidos como reserva estatal, sino enviados a una billetera asociada a Coinbase Prime. Los datos on chain refuerzan esa sospecha: la wallet receptora muestra actualmente saldo cero, una señal compatible con una liquidación ya ejecutada.

Si esa venta efectivamente ocurrió, el movimiento resulta difícil de conciliar con la Orden Ejecutiva 14233, firmada el 6 de marzo de 2025 por el presidente Donald Trump. Ese decreto establece de forma explícita que el bitcoin obtenido mediante decomisos criminales no debe venderse y tiene que incorporarse a la Reserva Estratégica nacional como un activo de valor a largo plazo. La medida fue presentada como uno de los pilares de la política económica vinculada a activos digitales.

Lo que añade complejidad al caso es que, según los estatutos de decomiso vigentes en Estados Unidos, no existía una obligación legal de convertir esos bitcoin en efectivo. El Estado tiene la facultad de conservar los bienes en su forma original. En ese marco, una eventual liquidación no respondería a una orden judicial, sino a una decisión administrativa adoptada por las agencias intervinientes.

Sin embargo, no todo apunta de manera concluyente a una venta en el mercado. Otra lectura posible es que el traslado de fondos hacia una infraestructura como Coinbase Prime responda a un trámite interno entre dependencias, previo a una definición final sobre su destino. También existe una ambigüedad jurídica relevante: el propio documento del caso deja abierta la interpretación de que esos BTC hayan sido tratados como parte de una multa derivada de la confesión de los acusados, y no como un decomiso tradicional. Esa diferencia no es menor, ya que podría modificar el encuadre legal bajo el cual se gestionaron los activos.

El silencio oficial alimenta las especulaciones. Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el Servicio de Alguaciles emitieron aclaraciones públicas que confirmen o desmientan la liquidación, ni que expliquen si se trató de un error administrativo, una interpretación particular del acuerdo judicial o una señal de fricción interna frente a la nueva política presidencial sobre bitcoin.

El trasfondo institucional también pesa. El caso Samourai fue llevado adelante por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, conocida por su alto grado de autonomía. Esa oficina ya había avanzado con la causa pese a un memorando interno del propio Departamento de Justicia, emitido en abril de 2025, que sugería no perseguir a servicios de wallets y mezcladores por las acciones de sus usuarios finales. Ese antecedente refuerza la idea de que las tensiones entre distintas áreas del Estado no son nuevas.

Por ahora, lo único verificable es el movimiento on chain y la existencia de documentos que hablan de liquidación. Si esos bitcoin fueron efectivamente vendidos o si aún existe margen para revertir la operación es una incógnita abierta. En un contexto donde Estados Unidos busca posicionarse como actor central en el tablero de los activos digitales, el destino de estos BTC decomisados se transformó en algo más que un detalle administrativo: es una prueba concreta de hasta dónde llega, en la práctica, el compromiso oficial con la idea de una reserva nacional de bitcoin

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