Jan 7, 2026 4:44 PM
El marco regulatorio para las criptomonedas en Estados Unidos atraviesa un momento de definiciones, pero también de fricciones políticas que amenazan con ralentizar uno de los proyectos clave del sector.
Tras los avances logrados en 2025 con la aprobación de la ley GENIUS, centrada en la regulación de las stablecoins, el foco ahora está puesto en la denominada CLARITY Act, una iniciativa que busca establecer reglas claras y unificadas para los mercados de activos digitales.
La expectativa inicial era que esta norma se convirtiera en el próximo gran hito regulatorio y que avanzara durante el año en curso. Sin embargo, un informe reciente del banco de inversión TD Cowen introduce un escenario menos optimista.
Según su análisis, la aprobación definitiva de la legislación cripto en Estados Unidos podría demorarse hasta 2027, e incluso más allá en cuanto a su implementación efectiva.
Jaret Seiberg, director gerente de TD Cowen, señaló que el proyecto podría mostrar cierto progreso en el corto plazo, pero advirtió que el contexto político actual reduce las probabilidades de una adopción rápida. De acuerdo con su evaluación, si las tensiones no se resuelven durante este año, las reglas finales derivadas de la CLARITY Act podrían recién entrar en vigor en 2029.
Uno de los factores centrales detrás de esta posible demora es el cálculo político. El informe sostiene que el Partido Demócrata no tendría incentivos para acelerar el tratamiento de la ley, ya que considera posible recuperar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre. En ese escenario, avanzar ahora con una norma de alto impacto podría implicar concesiones innecesarias.
El principal punto de conflicto dentro del proyecto es la cláusula sobre conflictos de interés. Desde el sector demócrata insisten en imponer restricciones estrictas que limiten la participación de altos funcionarios estadounidenses y de sus familiares en negocios vinculados con criptomonedas. Este apartado se transformó en un obstáculo clave para destrabar consensos.
En ese contexto, el informe de TD Cowen pone el foco en la figura del presidente Donald Trump y en la participación de su entorno familiar en proyectos y empresas del ecosistema cripto, un elemento que se volvió especialmente sensible en la discusión política. Para algunos legisladores, este vínculo refuerza la necesidad de endurecer las reglas, mientras que para otros complica cualquier avance legislativo inmediato.
Como posible salida, el banco de inversión plantea la alternativa de postergar la entrada en vigencia de la cláusula de conflicto de interés por un período cercano a los tres años. Esta estrategia permitiría aprobar la CLARITY Act sin trasladar el costo político al gobierno actual y dejar la aplicación de esa restricción para después del fin del mandato presidencial.
Mientras tanto, el calendario legislativo sigue su curso. Está prevista una audiencia sobre la CLARITY Act para el 15 de enero, una instancia clave para empezar a delinear el futuro del proyecto. De aprobarse, la ley establecería un marco regulatorio claro para los activos digitales en Estados Unidos, con una distribución de competencias entre la SEC y la CFTC, criterios de clasificación de activos y excepciones específicas que permitirían que ciertas criptomonedas queden exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Más allá de los plazos, el debate alrededor de la CLARITY Act confirma que la regulación cripto en Estados Unidos ya no es solo una cuestión técnica, sino un tema atravesado de lleno por la disputa política y los intereses de poder.
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