CLARITY Act: las 3 claves del proyecto para regular las criptomonedas

El proyecto de ley conocido como CLARITY Act tendrá una votación clave en el Senado de Estados Unidos el próximo 15 de septiembre, después de más de un año de trabajo legislativo. La instancia no representa su aprobación definitiva, sino una votación para avanzar con el debate, que requiere 60 votos.

Tras el receso de agosto, los republicanos presentaron nuevas modificaciones y señalaron que el texto incluye más de 115 cambios solicitados por demócratas, incluidos nuevos mecanismos contra el fraude y modificaciones para determinadas plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi).

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, pidió votar a favor y afirmó que las principales condiciones que la compañía había considerado indispensables ya fueron resueltas.

De no alcanzarse el piso de 60 sufragios, el intento más avanzado del Poder Legislativo estadounidense por estructurar un marco federal integral para el mercado de las criptomonedas sufriría un serio revés. A continuación, los tres aspectos fundamentales que contempla la normativa.

El núcleo central de la propuesta radica en la delimitación estricta de las fronteras de supervisión entre las agencias federales. El texto preserva la autoridad de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre los valores negociables y las actividades vinculadas a la recaudación de fondos. En paralelo, expande de manera sustancial las competencias de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) sobre los mercados al contado (spot) de materias primas digitales y sus intermediarios.

Asimismo, la propuesta introduce la categoría jurídica de "activos accesorios" (ancillary assets). Esta figura refiere a tokens de red cuyo valor depende de esfuerzos empresariales o de gestión, otorgándoles el tratamiento de commodities previa presentación de divulgaciones informativas obligatorias.

Dichas obligaciones de transparencia expiran una vez finalizados los esfuerzos de gestión que originaron el activo. De este modo, la norma busca escindir el régimen de leyes de valores aplicable a la emisión y recaudación inicial (como ICOs, STOs o lanzamientos de NFTs) de la condición regulatoria posterior del token, resolviendo un foco histórico de incertidumbre jurídica para la industria.

El segundo eje legislativo aborda el ecosistema de las finanzas descentralizadas y el uso de billeteras de autocustodia. La redacción actualizada establece criterios claros para fiscalizar aquellos protocolos DeFi no descentralizados; es decir, desarrollos que se presentan como descentralizados pero mantienen partes identificables con un control significativo sobre su operativa. Dichas entidades deberán someterse al régimen de registro ante la CFTC para operar dentro del mercado al contado de productos digitales.

Para determinar si una plataforma es genuinamente descentralizada, las autoridades evaluarán la discrecionalidad, la capacidad de control y las facultades de censura ejercidas sobre la red. No obstante, el marco blinda de manera explícita a los desarrolladores de software y a los validadores de transacciones cuyo rol se limite estrictamente a la programación o al procesamiento de bloques.

De manera complementaria, el texto ratifica que las agencias federales no podrán impedir que los ciudadanos utilicen billeteras de autoservicio o de almacenamiento personal. El objetivo perseguido es enfocar la regulación sobre las entidades que administran servicios financieros, evitando equiparar por defecto la infraestructura de código abierto con los intercambios centralizados tradicionalmente supervisados.

Por último, el proyecto incorpora bajo un régimen federal unificado a las entidades a través de las cuales se procesa la mayor parte del volumen comercial. De aprobarse la norma, los intercambios de productos digitales, corredores y operadores (brokers y dealers) deberán inscribirse en un registro específico ante el gobierno federal, superando el esquema fragmentado actual que combina normativas estatales dispersas con acciones ejecutivas aisladas.

El texto integra requisitos orientados a la protección del consumidor y la preservación de la integridad del mercado. La propuesta del Senado extiende además las obligaciones enmarcadas en la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los intermediarios del sector cripto.

En la práctica, esto implica la incorporación formal e imperativa de programas contra el lavado de dinero (AML), protocolos de identificación de clientes (KYC), reportes de actividades sospechosas y esquemas de cumplimiento de sanciones internacionales. A su vez, se introducen mandatos adicionales de auditoría y divulgación diseñados para prevenir abusos de información privilegiada, fraudes operativos y la indebida mezcla de activos de los usuarios con los fondos de las plataformas.

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