Nov 13, 2025 9:15 AM
Tras 43 días de parálisis, la SEC y la CFTC retomarán la evaluación de ETF y normas pendientes. El cierre del gobierno frenó aprobaciones clave y retrasó el debate sobre el nuevo marco regulatorio del sector.
El Congreso de Estados Unidos destrabó una de las crisis políticas más prolongadas de su historia al aprobar una ley que pone fin al "shutdwon" del gobierno federal tras 43 días de parálisis.
El Senado había dado el primer paso el lunes cuando le dio luz verde al proyecto con 60 votos a favor y 40 en contra, en una muestra de cooperación bipartidista. Este miércoles, la Cámara de Representantes ratificó la iniciativa por 222 votos a 209, despejando el camino para su envío a la Casa Blanca. Solo resta que el presidente Donald Trump estampe su firma, prevista para la noche de hoy.
Con el gobierno a punto de reanudar su funcionamiento, las agencias federales se preparan para recuperar la normalidad en sus actividades. Sin embargo, la Reserva Federal deberá actuar con cautela: durante el cierre no se publicaron los datos oficiales de empleo e inflación de octubre, lo que deja a la institución sin información completa antes de su reunión de diciembre.
Analistas del mercado anticiparon que el banco central optará por mantener o incluso reducir las tasas de interés para sostener la actividad económica, en un contexto marcado por la incertidumbre y el rezago de indicadores.
La reapertura del gobierno federal también permitirá que los organismos reguladores retomen su agenda. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) reanudarán la evaluación de nuevas propuestas, entre ellas los ETF de criptomonedas y los proyectos legislativos que buscan definir el marco regulatorio del sector financiero digital.
El shutdown, el más extenso registrado en el país, paralizó contratos federales, suspendió programas de asistencia alimentaria y provocó más de 2.500 cancelaciones de vuelos por falta de personal en los aeropuertos. Agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA) intentaron sostener los servicios esenciales mientras el conflicto se prolongaba.
Las consecuencias se extendieron a todos los niveles. Empresas dependientes de contratos públicos acumularon pérdidas millonarias.
Pese al alivio general, persiste la duda sobre la durabilidad del acuerdo alcanzado. El impacto del cierre aún golpea a contratistas, trabajadores federales, aeropuertos, comunidades nativas y familias de bajos ingresos, mientras el país intenta dejar atrás una crisis que expuso los límites de su propio sistema político.
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